Sacerdote demandado por pensión alimenticia Ticuantepe Nicaragua . Noticia de El Nuevo Diario

16 de junio de 2012

Es párroco en Ticuantepe

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Sacerdote demandado por pensión alimenticia

Monseñor Avilés confirmó que conoce del hecho porque escuchó la versión de Bonilla e indicó que llamarían al orden y a la disciplina al padre si encontraban algún problema

Por Carlos Larios | Nacionales

Julissa Bonilla muestra una fotografía en la que aparece junto al padre Heriberto Palacios. CORTESIA/END

El sacerdote José Heriberto Palacios Quiroz, párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Ticuantepe, enfrenta una demanda por pensión alimenticia, interpuesta por Julissa Carolina Bonilla Martínez, quien asegura que convivió con el cura durante 16 años, engendraron un hijo y adoptaron una niña, pero que a finales del año pasado terminaron la relación y desde inicios de este año no le pasa para la manutención de los menores.
Sobre la denuncia de Bonilla Martínez, el sacerdote Palacios Quiroz se limitó a decir que “hay cosas que son ciertas, otras no”, sin brindar mayores detalles.
“Yo quisiera que la entrevista se tomara en otra ocasión, porque hay otras personas que van a salir dañadas en esto… hay cosas que son ciertas, otras no (en lo dicho por Bonilla)”, expresó Palacios, tras ser abordado en la iglesia de Ticuantepe.
Julissa Bonilla dijo que informó en mayo pasado, en dos ocasiones, a monseñor Carlos Avilés, vocero de la Curia Arzobispal, sobre el actuar del sacerdote, y que éste se comprometió a llamarle la atención, pero no ha visto ningún resultado.
Por su parte, monseñor Avilés confirmó que conoce del hecho porque escuchó la versión de Bonilla e indicó que llamarían al orden y a la disciplina al padre si encontraban algún problema.
“Nosotros no tenemos nada que ver (sobre la relación del sacerdote con la mujer). Ese es un asunto que debe de ver el padre. En cuanto a disciplina eclesiástica, vamos a tomar algunas medidas, pero en cuanto a responsabilidades civiles es el padre quien tiene que resolverlos”, aseguró Avilés.
La denunciante explicó que las gestiones ante un juez civil para la adopción de la niña las hicieron hace cinco años, y solo estaban a la espera de la sentencia judicial, pero que el año pasado, cuando rompió la relación con el cura, este se desligó del proceso, para pasarle pensión solo por uno de los niños.
Añadió que a finales del año pasado, Palacios Quiroz se comprometió a pasarle 16 mil córdobas para la manutención de los infantes, pero solo cumplió dos meses.
Obligada a devolver niña
La denunciante manifestó, además, que el peor momento de esta situación lo vivió la semana pasada, cuando MiFamilia revocó el visto bueno para la adopción de la niña, y una funcionaria de la institución le advirtió que entregara a la infante sin hacer escándalo, porque si no, afectaría a la iglesia Católica.
END llamó en diversas ocasiones a la oficina de la titular de MiFamilia, Marcia Ramírez, y al teléfono celular para conocer la versión de la institución, pero no contestó las llamadas.
Julissa Bonilla también denunció que el pasado fin de semana, oficiales de la Comisaría de la Mujer de la Policía, sin orden judicial, allanaron su vivienda, donde aún tenía documentos y ropa del religioso.
Añadió que también allanaron la vivienda de una de sus hermanas y que la comisionada mayor Erlinda Castillo, jefa de la Comisaría de la Mujer, la llamó en diversas ocasiones a su celular para amedrentarla y exigirle que entregara a la niña y no afectara a la iglesia Católica con una denuncia pública.
Policía niega versión
“Yo le hice una llamada (a Bonilla), pero no fue una llamada amenazante, sino para contribuir a que la cosa saliera con buen fin. Ella me contestó diciendo que iba a ir al Ministerio de la Familia el domingo pasado a entregar a la niña, porque hay un acta de revocación que se le notificó… No hubo ninguna amenaza para que ella se callara la denuncia contra el sacerdote. Acordate que lo que nosotros protegemos es a la menor, que apenas tiene 18 meses de nacida, pero no tenemos ninguna cosa contra ella”, indicó la comisionada mayor Erlinda Castillo.
El abogado de la denunciante, Manuel Urbina Lara, interpuso un recurso de amparo ante al Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, en contra de las autoridades policiales, pero aún no ha obtenido respuesta.
Una de las hermanas de Bonilla entregó ayer a la niña a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, para que ese organismo se la diera a Mifamilia. No obstante, la denunciante aseguró que continuará luchando por recuperar a la menor.