16 de junio de 2012
Es párroco en Ticuantepe
| elnuevodiario.com.ni
Sacerdote demandado por pensión alimenticia
Monseñor Avilés confirmó que
conoce del hecho porque escuchó la versión de Bonilla e indicó que
llamarían al orden y a la disciplina al padre si encontraban algún
problema
Por Carlos Larios | Nacionales
Julissa Bonilla muestra una fotografía en la que aparece junto al padre Heriberto Palacios. CORTESIA/END
El sacerdote José Heriberto
Palacios Quiroz, párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en el
municipio de Ticuantepe, enfrenta una demanda por pensión alimenticia,
interpuesta por Julissa Carolina Bonilla Martínez, quien asegura que
convivió con el cura durante 16 años, engendraron un hijo y adoptaron
una niña, pero que a finales del año pasado terminaron la relación y
desde inicios de este año no le pasa para la manutención de los menores.
Sobre la denuncia de Bonilla Martínez, el sacerdote Palacios Quiroz
se limitó a decir que “hay cosas que son ciertas, otras no”, sin brindar
mayores detalles.
“Yo quisiera que la entrevista se tomara en otra ocasión, porque hay
otras personas que van a salir dañadas en esto… hay cosas que son
ciertas, otras no (en lo dicho por Bonilla)”, expresó Palacios, tras ser
abordado en la iglesia de Ticuantepe.
Julissa Bonilla dijo que informó en mayo pasado, en dos ocasiones, a
monseñor Carlos Avilés, vocero de la Curia Arzobispal, sobre el actuar
del sacerdote, y que éste se comprometió a llamarle la atención, pero no
ha visto ningún resultado.
Por su parte, monseñor Avilés confirmó que conoce del hecho porque
escuchó la versión de Bonilla e indicó que llamarían al orden y a la
disciplina al padre si encontraban algún problema.
“Nosotros no tenemos nada que ver (sobre la relación del sacerdote
con la mujer). Ese es un asunto que debe de ver el padre. En cuanto a
disciplina eclesiástica, vamos a tomar algunas medidas, pero en cuanto a
responsabilidades civiles es el padre quien tiene que resolverlos”,
aseguró Avilés.
La denunciante explicó que las gestiones ante un juez civil para la
adopción de la niña las hicieron hace cinco años, y solo estaban a la
espera de la sentencia judicial, pero que el año pasado, cuando rompió
la relación con el cura, este se desligó del proceso, para pasarle
pensión solo por uno de los niños.
Añadió que a finales del año pasado, Palacios Quiroz se comprometió a
pasarle 16 mil córdobas para la manutención de los infantes, pero solo
cumplió dos meses.
Obligada a devolver niña
La denunciante manifestó, además, que el peor momento de esta
situación lo vivió la semana pasada, cuando MiFamilia revocó el visto
bueno para la adopción de la niña, y una funcionaria de la institución
le advirtió que entregara a la infante sin hacer escándalo, porque si
no, afectaría a la iglesia Católica.
END llamó en diversas ocasiones a la oficina de la titular de
MiFamilia, Marcia Ramírez, y al teléfono celular para conocer la versión
de la institución, pero no contestó las llamadas.
Julissa Bonilla también denunció que el pasado fin de semana,
oficiales de la Comisaría de la Mujer de la Policía, sin orden judicial,
allanaron su vivienda, donde aún tenía documentos y ropa del religioso.
Añadió que también allanaron la vivienda de una de sus hermanas y que
la comisionada mayor Erlinda Castillo, jefa de la Comisaría de la
Mujer, la llamó en diversas ocasiones a su celular para amedrentarla y
exigirle que entregara a la niña y no afectara a la iglesia Católica con
una denuncia pública.
Policía niega versión
“Yo le hice una llamada (a Bonilla), pero no fue una llamada
amenazante, sino para contribuir a que la cosa saliera con buen fin.
Ella me contestó diciendo que iba a ir al Ministerio de la Familia el
domingo pasado a entregar a la niña, porque hay un acta de revocación
que se le notificó… No hubo ninguna amenaza para que ella se callara la
denuncia contra el sacerdote. Acordate que lo que nosotros protegemos es
a la menor, que apenas tiene 18 meses de nacida, pero no tenemos
ninguna cosa contra ella”, indicó la comisionada mayor Erlinda Castillo.
El abogado de la denunciante, Manuel Urbina Lara, interpuso un
recurso de amparo ante al Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, en
contra de las autoridades policiales, pero aún no ha obtenido respuesta.
Una de las hermanas de Bonilla entregó ayer a la niña a la Comisión
Permanente de Derechos Humanos, CPDH, para que ese organismo se la diera
a Mifamilia. No obstante, la denunciante aseguró que continuará
luchando por recuperar a la menor.